La Comisión Especial encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos aptos para ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) publicó, el miércoles 24 de febrero, la lista de los 10 candidatos que luego de la evaluación curricular han pasado a la etapa de entrevista personal. La lista es como sigue:
1. CHANAMÉ ORBE, Raúl Roosevelt
2. LAMADRID IBÁÑEZ, Hugo Florentino
3. LÓPEZ SANTOS, Demetrio
4. MIRANDA CANALES, Manuel Jesús
5. OSORIO ARRASCUE, Santiago
6. QUINTANILLA LOAIZA, Julio
7. RAMÍREZ ERAZO, Ramón
8. RAMOS NÚÑEZ, Carlos Augusto
9. SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús
10. URVIOLA HANI, Oscar Marco Antonio
El comunicado señala que las entrevistas personales se realizarán entre el 1 al 5 de marzo próximo, luego de lo cual se presentará una lista al pleno del Congreso para que elijan los sucesores de los dos magistrados salientes.
Una tarea que le corresponde a la sociedad civil, y a la comunidad jurídica en general, es indagar y aportar información cierta y probada a la Comisión Especial respecto de algún hecho que desmerezca a algunos de los estos candidatos del cargo al que aspiran. Si bien ya acabó la etapa de tachas, ello no obsta para que, de encontrarse hechos graves debidamente probadas, se proceda a descalificar algunos de los hechos en la etapa de las entrevistas a los candidatos.
De otro lado, estamos convencidos que el perfil del magistrado es el criterio principal que los miembros de la Comisión deberían considerar al realizar las entrevistas personales. Igualmente,este perfil debe ser el parámetro que la sociedad civil debe utilizar para buscar información sobre los candidatos, información que debería ser alcanzada a la Comisión Especial lo más pronto posible. Este perfil está en estrecha relación con la alta y delicada función que el TC cumple en el diseño del Estado Constitucional.
Esto significa, por ejemplo, que personas que han apoyado un régimen que quebró el orden constitucional, derogó la Constitución de 1979, disolvió el Congreso, el Poder Judicial entre otras instituciones, no podría ahora pretender trabajar en una institución como es el TC, cuya función precisamente es velar por el respeto de la Constitución. En otras palabras, alguien que convalidó y defendió militantemente el golpe del 5 de abril, no debería ser elegido miembro del TC, pues no puede ocupar un cargo en una institución en la que no cree.
La sociedad civil debe reflexionar sobre la idoneidad de estos diez candidatos, debiendo denunciar aquellas candidaturas que no se ajusten al perfil. Sería lamentable y peligroso que el TC cayese en manos de personas carecen de solvencia moral, profesional y personal, o que no califiquen, o que busquen lucrar o supeditar este órgano a intereses oscuros distintos a los establecidos en la Constitución.
Un ejemplo del cumplimiento de esta labor de parte de la sociedad civil lo encontramos en recientes cuestionamientos que diversos medios de comunicación han empezado a señalar. Por ejemplo, respecto de la postulación del candidato Ramón Ramírez Erazo, nos recuerda el Diario El Comercio en su versión digital del 28 de enero del año en curso, esta persona fue director del diario La Nación y ex director del cuestionado semanario Confidencial[1]. Según el diario La República[2], Manuel Burga, decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un destacado intelectual denunció en el año 2005, que “los asesores legales de San Marcos denunciaron que el ex profesor Ramón Ramírez Erazo utiliza el periódico La Nación para difamar a las autoridades sanmarquinas por no aceptarlo otra vez”. Agregó Burga que “Además, tiene bajo chantaje a los profesores y alumnos. Al que se está en su contra, al día siguiente lo pone en la carátula de La Nación diciendo ‘corrupto y homosexual’. Es su burda estrategia”. De otro lado, según el conocido blog “Desde el tercer piso”, Ramón Ramírez Erazo “era el director de Confidencial, donde se difamaba alegremente a personajes de la farándula y la política nacional […] Es el responsable del pasquín La Nación, desde el cual habla abiertamente de golpes de Estado y que ataca constantemente a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”[3]. Por otro lado, según el sitio web del Colegio de Abogados, este candidato recibió sanción disciplinaria de suspensión de un mes en el ejercicio de la profesión del 4 de junio al 4 de julio del año 2009 “por trasgresión al Estatuto de la Orden y al Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú”[4].
Ante este cúmulo de información, conviene preguntarse si una persona con estas características reúne los requisitos éticos, profesionales y las credenciales democráticas, indispensables para ser magistrado del TC, y si podrá desempeñar en forma adecuada la función de velar por la supremacía de la Constitución y por la protección de los derechos humanos.
La pelota está en la cancha de la sociedad civil. Es hora de participar en esta elección alcanzando información a la Comisión Especial sobre los diez candidatos que han quedado.
[1] Ver:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/cabos-sueltos_1/20100128/405823.
[2] Ver:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20050220/pasadas/13/101808.
[3] Ver: http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/11/el-nuevo-contralor/.
[4] Ver:
http://www.cal.org.pe/Dir_Etica_sanciones.html
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