Todo parece indicar que el fortalecimiento de la justicia constitucional y del sistema de protección de los derechos fundamentales en nuestro país no es un asunto que merezca la atención del Congreso de la República. Las denuncias contra congresistas provenientes de sus propios ex trabajadores por actos de abuso y de servilismo, los escándalos y los dimes y diretes entre los mismos, son más importantes que la elección de los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que deben reemplazar a los salientes en diciembre próximo.
Sino, ¿cómo entender que el Congreso siga postergando de manera indefinida e injustificada la elección de los miembros de la Comisión Especial, encargada de seleccionar a los candidatos al TC?. Esta actitud constituye un abierto desacato a lo establecido en el artículo 201º de la Constitución Política. ¿Se trata de un simple olvido o estamos ante una voluntad de retrasar esta elección? Parecería lo segundo, pues en julio pasado el Presidente del TC le solicitó al Presidente del Congreso el inicio del procedimiento de elección de nuevos magistrados. Lo hizo en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del TC (Ley Nº 28301), modificado por el artículo único de la Ley Nº 28943, que exige que este pedido se haga seis meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos.
El Congreso ha perdido casi 4 meses para realizar este proceso, y es probable que para diciembre de este año, aún no haya elegido a los dos nuevos magistrados del TC. Repetimos la misma historia. En efecto, si tenemos en cuenta que el proceso es largo y complejo, más aún si añadimos a ese plazo el tiempo que las diferentes fuerzas políticas necesitan para ponerse de acuerdo sobre a quiénes elegir como postulantes, lo más probable es que los magistrados César Landa Arroyo y Juan Vergara Gotelli, tendrán que quedarse más tiempo en el TC, luego del 17 de diciembre en que acaban su mandato.
Ciertamente, como lo dijimos en una anterior nota (ver: ), si bien el Legislativo -una vez que el Presidente del TC ha formulado el pedido de inicio de procedimiento de selección-, no tiene un plazo establecido a nivel legal o reglamentario para nombrar esta Comisión Especial, sí resulta preocupante la injustificada demora sobre todo cuando ya ha comenzado esta legislatura.
Sabemos que los congresistas están irritados con el TC, especialmente luego de la sentencia sobre el uso de la fuerza, en la que han sido exhortados a legislar sobre el tema. Es más, algunos parlamentarios insisten en acusar constitucionalmente a los magistrados del TC por este fallo. Esperemos que esta actitud no demore más el inicio del proceso de elección. Los congresistas deben entender que la demora en la referida elección no solo afecta la legitimidad del TC (magistrados con período fenecido resolverán causas), sino que comprometen el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos a cargo de la Justicia Constitucional, del cual el TC es su órgano más importante.
Queremos invocar a los congresistas a que mediten mejor sobre la importancia de esta elección. Se trata de elegir a los magistrados del ente encargado de controlar la vinculación de los poderes superiores del Estado a las normas, valores y principios constitucionales y de de defender los derechos fundamentales de las personas. Ojalá los legisladores rectifiquen esta actitud, y pronto la prensa informe que se ha nombrado por fin a los miembros de esta Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del TC.
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