Tribunal Constitucional, una elección a puerta cerradaEl principio de publicidad es uno de los caracteres más relevantes del Estado democrático. Este principio exige al Estado otorgar todas las facilidades para que el público acceda a la información de los actos realizados por quien detenta el poder, logrando un control por parte de la sociedad. El Estado debe brindar toda la información a los medios de comunicación para que estos trasladen la misma a la sociedad, para que sea esta quien juzgue y controle a los gobernantes, cumpliendo así, uno de los requisitos esenciales del sistema democrático representativo. A pesar de ello, en la actualidad existe una tendencia o una predisposición del poder político a ocultarse y alejarse de la opinión pública, a evitar cualquier fiscalización y control por parte de esta. Para Norberto Bobbio, el poder invisible es uno de los principales males dentro del seno del Estado democrático contemporáneo, este se caracteriza precisamente por disponer de todos los medios para hacer que las acciones de quien detenta el poder sean controladas por el público, que sean en una palabra "visibles". Ello hace a Bobbio señalar que el político democrático es uno que habla “en” público y “al” público y, por tanto, debe ser visible en cada instante. Lamentablemente, esto último no es lo que acaba de ocurrir en la última elección del Presidente del Tribunal Constitucional (TC), pues como ya lo hemos informado, se ha elegido a puerta cerrada. En efecto, se convocó al proceso de elecciones con una semana de anticipación y no se ha brindado información alguna a la ciudadanía sobre el mismo, a pesar de su enorme trascendencia. Efectivamente, la opinión pública nunca tuvo información sobre quiénes fueron los magistrados que postulan al cargo, ni cuáles sus propuestas y planteamientos. Como ya ha sido informado por la prensa, se ha elegido a Carlos Mesia como nuevo presidente de este importante tribunal. Tal como lo señaló el equipo profesional de Justicia Viva en un pronunciamiento el día de ayer, se trata de un magistrado que ha tenido un comportamiento incompatible no solo con el cargo de Presidente del TC sino con el propio cargo de magistrado, el mismo que no se compagina con los valores, principios y derechos que este defiende y debe encarnar. Un presidente del TC, aún cuando sea interino, no puede insultar y faltar el respeto a sus colegas tal como lo ha hecho este en reiteradas oportunidades (ver: Ideelemail Nº 588). Tampoco puede atacar a las organizaciones de la sociedad civil que lo han cuestionado como es el caso de Instituto de Defensa Legal (ver: noticia, o más recientemente ver la siguiente noticia). La conducta de Carlos Mesia, incluso, ha sido reprobada y denunciada por sus propias colegas (Ver: Comunicado). Este ha tenido excesos en su comportamiento que ha afectado la relación del TC con otros poderes, como por ejemplo, cuando acuso al Poder Judicial de ser una “cueva de ladrones”, expresiones a todas luces impropia de un presidente del TC. Y si bien este magistrado retiro la expresión luego de una ola de críticas, ellas dan cuenta de su temperamento. Asimismo, resulta preocupante que el presidente del TC, órgano que tiene por función, entre otras cosas, controlar los excesos del poder político, sea militante del partido de gobierno, incluso aún, cuando tiene su militancia suspendida, como es el caso de Carlos Mesia. En efecto, el recientemente elegido presidente nunca ha negado tal militancia, solo ha dicho que está con licencia. Ahora, es necesario dejar en claro que el problema no es la militancia en un partido político -es un derecho fundamental-, sino cautelar la independencia del órgano encargado de controlar el ejercicio del poder político. Como bien recordamos, Víctor García Toma y Javier Alva Orlandini, ilustres y destacados ex presidentes del TC fueron militantes de dos respetables partidos políticos, sin embargo, la diferencia está en que jamás ocuparon dichos cargos cuando los partidos en los que militaban estaban en el gobierno. Más aún cuando dicho partido de gobierno no se caracteriza precisamente por el respeto a la independencia de los magistrados, prueba de ello son las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, el cual declaró que el APRA no apoyaría la elección de magistrados del TC que no “redunden en beneficio de sus propio partido”. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, los jueces no sólo deben ser independientes e imparciales, sino que también deben parecerlo. No es suficiente que los jueces declaren a los cuatro vientos su independencia. La apariencia de justicia de las decisiones judiciales es muy importante para generar confianza, no solo del justiciable sino de la opinión pública. Por esta razón, los jueces no sólo deberían evitar un comportamiento impropio, sino también, no comprometerse en situaciones sociales igualmente impropias. Por los argumentos expuestos, consideramos que ésta elección tiene un déficit de legitimidad y de credibilidad, todo lo cual afecta su institucionalidad y echa sombras sobre su independencia respecto del poder político.

El principio de publicidad es uno de los caracteres más relevantes del Estado democrático. Este principio exige al Estado otorgar todas las facilidades para que el público acceda a la información de los actos realizados por quien detenta el poder, logrando un control por parte de la sociedad. El Estado debe brindar toda la información a los medios de comunicación para que estos trasladen la misma a la sociedad, para que sea esta quien juzgue y controle a los gobernantes, cumpliendo así, uno de los requisitos esenciales del sistema democrático representativo.

A pesar de ello, en la actualidad existe una tendencia o una predisposición del poder político a ocultarse y alejarse de la opinión pública, a evitar cualquier fiscalización y control por parte de esta. Para Norberto Bobbio, el poder invisible es uno de los principales males dentro del seno del Estado democrático contemporáneo, este se caracteriza precisamente por disponer de todos los medios para hacer que las acciones de quien detenta el poder sean controladas por el público, que sean en una palabra "visibles". Ello hace a Bobbio señalar que el político democrático es uno que habla “en” público y “al” público y, por tanto, debe ser visible en cada instante.

Lamentablemente, esto último no es lo que acaba de ocurrir en la última elección del Presidente del Tribunal Constitucional (TC), pues como ya lo hemos informado, se ha elegido a puerta cerrada. En efecto, se convocó al proceso de elecciones con una semana de anticipación y no se ha brindado información alguna a la ciudadanía sobre el mismo, a pesar de su enorme trascendencia. Efectivamente, la opinión pública nunca tuvo información sobre quiénes fueron los magistrados que postulan al cargo, ni cuáles sus propuestas y planteamientos.

Como ya ha sido informado por la prensa, se ha elegido a Carlos Mesia como nuevo presidente de este importante tribunal. Tal como lo señaló el equipo profesional de Justicia Viva en un pronunciamiento el día de ayer, se trata de un magistrado que ha tenido un comportamiento incompatible no solo con el cargo de Presidente del TC sino con el propio cargo de magistrado, el mismo que no se compagina con los valores, principios y derechos que este defiende y debe encarnar. Un presidente del TC, aún cuando sea interino, no puede insultar y faltar el respeto a sus colegas tal como lo ha hecho este en reiteradas oportunidades (ver: Ideelemail Nº 588).

Tampoco puede atacar a las organizaciones de la sociedad civil que lo han cuestionado como es el caso de Instituto de Defensa Legal (ver:noticia, o más recientemente ver la siguiente noticia). La conducta de Carlos Mesia, incluso, ha sido reprobada y denunciada por sus propias colegas (Ver: Comunicado). Este ha tenido excesos en su comportamiento que ha afectado la relación del TC con otros poderes, como por ejemplo, cuando acuso al Poder Judicial de ser una “cueva de ladrones”, expresiones a todas luces impropia de un presidente del TC. Y si bien este magistrado retiro la expresión luego de una ola de críticas, ellas dan cuenta de su temperamento.

Asimismo, resulta preocupante que el presidente del TC, órgano que tiene por función, entre otras cosas, controlar los excesos del poder político, sea militante del partido de gobierno, incluso aún, cuando tiene su militancia suspendida, como es el caso de Carlos Mesia. En efecto, el recientemente elegido presidente nunca ha negado tal militancia, solo ha dicho que está con licencia.

Ahora, es necesario dejar en claro que el problema no es la militancia en un partido político -es un derecho fundamental-, sino cautelar la independencia del órgano encargado de controlar el ejercicio del poder político. Como bien recordamos, Víctor García Toma y Javier Alva Orlandini, ilustres y destacados ex presidentes del TC fueron militantes de dos respetables partidos políticos, sin embargo, la diferencia está en que jamás ocuparon dichos cargos cuando los partidos en los que militaban estaban en el gobierno. Más aún cuando dicho partido de gobierno no se caracteriza precisamente por el respeto a la independencia de los magistrados, prueba de ello son las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, el cual declaró que el APRA no apoyaría la elección de magistrados del TC que no “redunden en beneficio de sus propio partido”.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, los jueces no sólo deben ser independientes e imparciales, sino que también deben parecerlo. No es suficiente que los jueces declaren a los cuatro vientos su independencia. La apariencia de justicia de las decisiones judiciales es muy importante para generar confianza, no solo del justiciable sino de la opinión pública. Por esta razón, los jueces no sólo deberían evitar un comportamiento impropio, sino también, no comprometerse en situaciones sociales igualmente impropias.



Por los argumentos expuestos, consideramos que ésta elección tiene un déficit de legitimidad y de credibilidad, todo lo cual afecta su institucionalidad y echa sombras sobre su independencia respecto del poder político.