Arrancó la convocatoria del proceso de elecciones al TC

El día miércoles 2 de diciembre por fin se publicó la convocatoria del proceso de elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, y se incluyó en dicha convocatoria, el respectivo cronograma (ver: Plan de trabajo):







Varios comentarios nos parecen necesarios realizar. El primero, es que el primer día sólo ha sido publicado en el diario La República, diario que tiene un tiraje amplio en Lima en relación con el conjunto de la opinión pública y la comunidad jurídica. El aviso de convocatoria, ¿habrá sido publicado en provincias, en los diarios de más difusión? No se ha recurrido a medios de televisión o radiales, que son de mayor cobertura. Consideramos que, incluso, habría que pensar en afiches situados en lugares frecuentados por los abogados, como los juzgados, por ejemplo. A efectos de garantizar una adecuada publicidad, se debería de publicar en la página web del Congreso de la República, en la prensa local, y notificarse a los Colegios de Abogados y las diferentes facultades de derecho de las universidades del país sobre esta convocatoria.

Asimismo, advertimos que no hay referencia en la convocatoria al Perfil del magistrado del TC, y esto es muy preocupante. No cualquiera puede acceder al cargo, dada la naturaleza y la importancia del mismo. La convocatoria debió señalar cuáles son esos requisitos. En su lugar, señala las normas que regulan este proceso, lo que en principio es adecuado, pero no basta. La comisión debería crear un lugar en la web donde brinde información básica del proceso, donde se encuentra toda (absolutamente toda, de manera pormenorizada) y remitirse a ella también en la información que publique en los medios.

Sobre el plazo de la recepción de propuestas de candidaturas, del 07 al 30 de diciembre, todo dependerá de la publicidad que se le dé a la convocatoria. Y si bien formalmente solo el 08 y 25 de Diciembre son feriados públicos, este mes está lleno de festividades además de ser el último del año, lo que puede dificultar (e incluso hacer imposible) que muchos posibles candidatos y candidatas puedan reunir y presentar toda la documentación correspondiente a su trayectoria profesional. Hay que pensar que los y las postulantes no solo pueden ser de Lima.

Un tema importantísimo es la publicación de los currículos, pues ella permitirá a la ciudadanía saber quiénes son los candidatos y las candidatas, cuál es su trayectoria, a quiénes han prestado defensa legal, cuáles son sus deudas, sus vínculos con gobiernos de facto, etc. En esa misma línea, nos preocupa que no se haya colocado en el cronograma las fecha (o fechas) para la Audiencia Pública, indispensable para el acercamiento de la población a los candidatos y conocerlos(las) mejor. Tampoco se dice nada si se televisará las entrevistas a quienes postulen, tal como hizo la Corte Suprema de Estados Unidos al momento de elegir a una magistrada hace algunos meses.

Finalmente, nos parece también fundamental que la Comisión ponga especial cuidado en exigir, a quienes postulen, que al momento de presentar su currículo se pueda desprender especialmente lo siguiente (o, en todo caso, la Comisión ha de poner sus mayores esfuerzos en descartar los siguientes supuestos):

· Si ha sido sancionado(a) por la OCMA (de ser el caso), los Colegios de Abogados y las universidades de donde proceden, por falta grave (corrupción, tráfico de influencias, etc.).
· Si sido destituido(a) de la carrera judicial o fiscal, de la administración pública o de empresas estatales, por medida disciplinaria; o de la actividad privada por causa o falta grave laboral.
· Si ha sido inhabilitado(a) como abogado(a) por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República.
· Si ha ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto.
· Si ha tenido conducta intachable.
· Los clientes a quienes ha defendido como abogados(as), acusados(as) de delitos de narcotráfico, corrupción de funcionarios o graves violaciones a los derechos humanos.

No se tratan de inventar nuevos requisitos, pues aquéllos son parte del ordenamiento jurídico. Si queremos magistrados(as) de calidad, debemos ser cuidadosos al momento de elegir a nuestros jueces o juezas constitucionales, porque ellos o ellas protegerán nuestros derechos fundamentales y el respeto del Estado Constitucional de Derecho.