Hechos de violencia ha registrado la prensa en estos últimos días entre las rondas campesinas y los jueces de la provincia de Cutervo en Cajamarca. Según informa una agencia de noticias local(ver: noticia), hace más de una semana, cerca de 5 mil ronderos se apostaron en los exteriores del local donde funcionan los Juzgados Mixtos de la provincia de Cutervo exigiendo la destitución de los magistrados Luis MiguelDelgado Castro y Jorge Luis Llanos Tello, acusados de presuntos actos de corrupción.
Según se conoció la semana pasada, el Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura - Odicma/Lambayeque, Miguel Ángel Guerrero Hurtado fue enviado al lugar de los hechos, para investigar el caso. Sin embargo, según algunos medios de comunicación, no fue escuchado por los manifestantes, por lo que debió regresar a la ciudad de Chiclayo.
Según la prensa local, hasta la fecha el presidente de la Corte de Lambayeque, Ricardo Ponte Durango, no se ha hecho eco del clamor de los manifestantes, que se encuentran apostados frente al local judicial donde incluso colocaron un letrero de “clausurado”. Por su parte la Policía Nacional nada ha podido hacer al respecto ya que solo en la comisaría de la zona laboran 10 efectivos.
En el presente caso estamos ante una movilización ciudadana en protesta por presuntos actos de corrupción de los jueces sindicados, según denuncias de las rondas campesinas. Si bien el ejercicio del derecho a la participación política tiene reconocimiento constitucional, no se trata de un derecho absoluto carente de límites. Al ejercerse este, se tienen que respetar otros derechos, como por ejemplo, la libertad individual y ambulatoria de los jueces cuestionados y otros bienes jurídicos constitucionales, como por ejemplo, el normal funcionamiento del sistema de justicia, el derecho de acceso a la justicia de las otras personas, e incluso la propiedad pública.
Ciertamente a todos nos indigna la corrupción. Es más, es desesperante la lentitud de los mecanismos del Estado para combatirla. Más aún, indigna que estos actos de corrupción se realicen muchas veces en perjuicio de la población más pobre y humilde. Por otro lado, tampoco los ronderos están diciendo una herejía o están denunciando algo oculto. La corrupción en el sistema de justicia es algo conocido por todos. No en vano el índice de credibilidad de la justicia anda alrededor del 15% a nivel nacional.
Lo que corresponde en este caso, es que Odicma de la Corte de Lambayeque, que es a donde pertenece la provincia de Cutervo, actúe con celeridad y respetando el debido proceso de los jueces cuestionados. Y si quieren los ronderos que el proceso sea efectivo, deberán presentar las pruebas que respaldan y sustentan su acusación, pues a los jueces, al igual que a todo ciudadano, les asiste el derecho a la presunción de inocencia. No basta que reúnan tantas personas para que los jueces sean culpables de actos de corrupción.
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