El Tribunal Constitucional (TC) quebrantó las atribuciones que le otorgó la Constitución y asumió un rol del Poder Judicial, al fallar a favor del ex magistrado Javier Ríos Castillo (quien fue obligado a renunciar luego de ser sorprendido almorzando en el Restaurante Fiesta con el ex ministro Agustín Mantilla y otras personas más), en el litigio que mantenía contra la Universidad Ricardo Palma por el cobro de honorarios profesionales impagos y devengados.
Así lo afirmó Juan Carlos Ruiz Molleda, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), al comentar el expediente Nº 04197-2008-PA/TC, en donde el máximo intérprete de la Carta Magna resolvió un amparo contra una resolución judicial que negaba a Ríos Castillo el cobro de devengados.
“Yo creo que es una sentencia cuestionable, en donde el Tribunal Constitucional reconoce algo que la Corte Suprema expresamente se negó, donde Ríos Castillo exigía a la universidad el pago de unos honorarios que le adeudaban por un monto de 150 mil dólares; en primer lugar ganó el proceso, pero cuando pidió la suma de 380 mil dólares por devengados se lo negaron, acudiendo para ello al Tribunal Constitucional”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“En un proceso de amparo contra sentencia, lo que debió hacer el Tribunal es pedirle a la instancia que se vuelva a pronunciar, pero bajo ninguna circunstancia puede intervenir en el criterio jurisdiccional de la Suprema, no puede remplazar la facultad jurisdiccional, esto ha pasado, donde ha invadido un fuero que no le corresponde”, acotó.
Extraña y suspicaz resolución
Ruiz Molleda calificó de extraña la resolución del TC que ordena a La Ricardo Palma, que no solamente se le pague sus honorarios adeudados, sino también los devengados, lo cual remarcó implica una interferencia en la autoridad de la Corte Suprema de Justicia.
“Aquí hay dos votos singulares de los magistrados César Landa Arroyo y Ricardo Beaumont Gallegos que dicen expresamente que la Suprema deniega el pedido que se le pague los devengados. Sin embargo, el voto mayoritario dice que hubo silencio (es decir, no se pronunció) y tienen que pagarle sus devengados”, explicó.
“No hay manera de saber si tiene un respaldo (personal) de algunos magistrados (del TC) no se puede especular. Pero sí creo que esta resolución genera cierta suspicacia, porque sabemos como salió Ríos Castillo del TC. Él fue obligado a renunciar ante el escándalo en el restaurante Fiesta, en donde se le encontró con Agustín Mantilla. El TC debió emitir una resolución con mayor motivación y transparencia”, acotó.
Corte Suprema debe expresar preocupaciónConsideró que la Corte Suprema debe expresar su preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional y exigir a su vez, que se respete sus fueros.
“En principio (la Corte Suprema debe) expresar una preocupación por esta sentencia ya que el TC está quebrando el reparto de competencias realizado por la Constitución, pues cuando el TC conoce de un amparo contra competencias no es una instancia de fallo simplemente revisa y si es que se ha violado la Constitución pide que se vuelva a revisar. (…) Creo que en el caso de la Corte Suprema (se debe) expresar una preocupación y exigir respeto a sus fueros, independientemente de que Ríos Castillo no sea santo de nuestra devoción”, acotó.
Posible denuncia constitucional
Finalmente, se refirió a la posibilidad de que los magistrados del TC que apoyaron esta resolución a favor de Javier Ríos Castillo puedan ser denunciados constitucionalmente.
“Yo creo que si pueden ser denunciados, pero si se demuestra que se ha violado la Constitución y ha emitido un fuero que no le correspond, entonces pueda que sea pasible a una acusación constitucional. Pero hay que mirar esa sentencia con mayor atención porque me parece una sentencia extraña y cuestionable”, expresó
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