El principio del Ne bis in ídem y la impunidad de
violaciones a los derechos humanos: a propósito de la sentencia en el caso Julio Salazar Monroe
Juan Carlos Ruiz Molleda
Consorcio Justicia Viva
Una importante sentencia acaba de ser expedida por el Tribunal
Constitucional (TC) hace unas semanas. Se trata de la sentencia recaída en el
exp. Nº 03938-2007-PA/TC, a propósito del proceso de amparo interpuesto por
Julio Salazar Monroe contra la
Sala Revisora del
Consejo Supremo de Justicia Militar que ordenó reabrir un proceso
seguido contra él en la justicia militar que en su oportunidad fue sobreseído.
Ciertamente, no estamos ante un nuevo desarrollo jurisprudencial del TC
o ante una novísima interpretación sin precedente alguno. Se trata de la
reiteración por la actual composición de magistrados, de una línea
jurisprudencial del TC desarrollada por la antigua composición de magistrados
del TC, la cual a su vez recoge la pacífica y reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de Ne bis in ídem cuando entra en colisión con la obligación de los
Estados de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos
humanos. Lo nuevo o novedoso al reiterar una jurisprudencia antigua, es que la
asumen como propia los nuevos magistrados, los mismos que han señalado que el
TC está ingresando a un nuevo tiempo donde se van a priorizar otros objetivos y
se va a dejar de lado cierto activismo judicial de la anterior composición[1].
Esta sentencia tiene una enorme importancia en una coyuntura como la
que atraviesa nuestro país, de judicialización de los crímenes cometidos contra
población indefensa en el marco de la violencia política. Como sabemos, dichos
sucesos quedaron en la impunidad gracias a una serie de artilugios legales
montados desde el gobierno, como las leyes de amnistía y la justicia militar, y
a la desnaturalización de un conjunto de instituciones jurídicas como la prescripción,
la cosa juzgada, el Ne bis iníidem, y
demás eximentes de responsabilidad, etc. Y decimos que tiene importancia esta
sentencia, pues permite investigar, juzgar y sancionar penalmente a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la época del
terrorismo.
Precisamente, la sentencia materia de comentario está referida
precisamente a una de estas instituciones jurídicas utilizadas por aquellos que
querían escapar de la justicia. Nos referimos a la prohibición de procesar y
sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos, más conocida como el
principio del Ne bis in ídem. Este instituto
fue utilizado e invocado por personas que fueron absueltas en seudo procesos
seguidos por tribunales incompetentes como son los tribunales militares--con el
único objeto de cubrir la formalidad y dejar en la impunidad los crímenes
cometidos--, cuando dichos procesos fueron anulados, y se les volvió a
procesar, esta vez si, por tribunales competentes e idóneos y con pleno respeto
de las garantías del debido proceso. Como podemos suponer y lego analizaremos,
una interpretación absoluta y literal hubiera cerrado la posibilidad de reabrir
dichos procesos, y hubiera consagrado la impunidad de estos crímenes.
Además del análisis del principio Ne
bis in ídem, esta sentencia es importante, pues en un contexto como el
actual donde el TC tiene que pronunciarse sobre el caso el Frontón[2]
el TC reitera su compromiso contra la impunidad de las graves violaciones a los
derechos humanos, y reconoce que existió en la época del fujimorismo, una
voluntad estatal de impunidad de las violaciones a los derechos humanos. Como
señala la propia sentencia, existía “un plan sistemático para promover la
impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, particularmente de los actos cometidos por los del Grupo Colina, al
cual se vincula al recurrente”[3].
Lo que haremos en las siguientes páginas será analizar el principio del
Ne bis in ídem desde la perspectiva
de la doctrina de la Corte IDH
1. Antecedentes
Señala la sentencia que con fecha 28 de agosto de 2001, Julio Salazar
Monroe interpone demanda de amparo contra el Consejo Supremo de Justicia
Militar, solicitando se deje sin efecto las resoluciones de fechas 1 de junio y
4 de junio de 2001, mediante las cuales se anuló la resolución de
sobreseimiento definitivo de los hechos investigados en la causa N.º 494-V-94
(Barrios Altos), así como la
Resolución que confirma el sobreseimiento definitivo de la Sala Revisora del
Consejo Supremo de Justicia Militar, por considerar que se viola sus derechos
constitucionales al debido proceso y a no ser procesado dos veces por el mismo
hecho.
Afirma que en el proceso penal (Exp. N.º 494-V-94) que se le siguiera
ante los tribunales militares por su participación en el denominado Grupo
Colina, por los delitos derivados del caso Barrios Altos, la Sala de Guerra del Consejo
Supremo de Justicia Militar dictó, el 6 de julio de 1995, una resolución de
sobreseimiento definitivo. Refiere que una vez que dichos actuados se elevaron
a la Sala Revisora
del Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante resolución de fecha 26 de
julio de 1995, la Sala
confirmó dicha resolución, alcanzando la resolución el carácter de cosa juzgada
El argumento que invoca el recurrente y que es objeto de análisis
especial por parte del TC es que, en su caso, no se hizo aplicación de las
leyes de amnistía (Nº 26479 y 26492); sino que se sobreseyó la causa por
considerarse insuficientes los medios probatorios y que, por tanto, no le
alcanza los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos. Añade que posteriormente, la Resolución de Sala
Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar, del 1 de junio de 2001, declaró
nula aquella resolución y la
Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, con
fecha 4 de junio de 2001, la confirmó y se inhibió del conocimiento de la causa
a favor del fuero común, nulidad realizada sin existir procedimiento legal
establecido en el Código de Justicia Militar, violando de esa forma el Debido
Proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho[4].
2. El problema jurídico a
dilucidar
El problema de fondo a analizarse es si la institución del “Ne bis in ídem”[5],
es decir, la prohibición de juzgar y sancionar dos veces a una persona por los
mismos hechos, se aplica a un caso donde el primer proceso fue realizado por
tribunales militares y en el contexto de un gobierno que se caracterizó por
mantener en la impunidad graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. El
tema de fondo entonces, es analizar cual es son las condiciones o los
requisitos mínimos que deben cumplirse y observarse en la tramitación de un
proceso “jurisdiccional” a efectos de alcanzar la protección de la garantía del
Ne bis in ídem, y no ser procesado
otra vez por los mismos hechos. En otras palabras, se trata de analizar en que casos,
esta garantía no es aplicable, de cara a las obligaciones de los Estados en
materia de graves violaciones a los derechos humanos y a los valores,
principios y derechos constitucionales,
3.
El derecho a la
tutela judicial efectiva
La garantía del Ne bis in ídem, no es una garantía más, forma parte del derecho a
la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Es decir, se trata de una de
las principales reglas para una correcta administración de justicia. Para la
doctrina, la tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales de
las personas que se encuentra íntimamente vinculado con su posibilidad de
acceder a la justicia y preservar su libertad[6].
Para Cesar Landa ex presidente del TC, el derecho a la tutela judicial es un
derecho fundamental que junto con el debido proceso se incorpora al contenido
esencial de los derechos fundamentales, como elemento del núcleo duro de los
mismos, permitiendo de esa manera que a un derecho corresponda siempre un
proceso y que un proceso suponga siempre un derecho; pero, en cualquiera de
ambos supuestos su validez y eficacia la defina su respeto a los derechos
fundamentales[7].
Para el TC en pacifica jurisprudencia[8],
la tutela judicial efectiva es un “derecho constitucional de naturaleza
procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los
órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y
de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio”[9].
Como podemos apreciar, existe la obligación material por parte del Estado de
proveer la prestación de un servicio se justicia a la población en general,
obligación que no se agota en la regulación normativa pertinente, sino que va
más allá, que se materializa en la exigencia de poner a disposición de la
población, los recursos efectivos necesarios que la población necesite para
resolver sus conflictos.
4.
El “Ne
bis in ídem” en la jurisprudencia del TC
Debemos comenzar por señalar que el Ne
bis in ídem no está reconocido como tal en nuestra Constitución. Como
señala el propio TC, “El Tribunal tiene declarado que, si bien el Ne bis in
ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un
derecho fundamental de orden procesal, al desprenderse del derecho reconocido
en el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un
derecho implícito que forma parte de un derecho expreso”[10].
No obstante, ello, este derecho si encuentra cobertura constitucional
“directa” y “literal” en instrumentos internacionales de protección
internacional de los derechos humanos. En efecto, está reconocido en el
artículo 8.4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que señala a la
letra que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido
a nuevo juicio por los mismos hechos”. A nivel universal esta garantía ha sido
incorporada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo
artículo 14, párrafo 7, establece que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.
La primera sentencia del TC que desarrolla el “Ne bis in ídem” es la recaída en el exp. N° 2050-2002-AA/TC,
fundamentos 18 y 19. En aquella oportunidad, el TC señaló que “El derecho a no
ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el principio del Ne bis in ídem "procesal",
está implícito en el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139°,
inciso 3), de la
Constitución ”.
Asimismo, en aquella oportunidad precisó que el principio Ne bis in ídem tiene una doble
configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación
procesal: “En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede
ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto
que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las
garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una
persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción
cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”[11].
Agrega el TC que “en su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie
pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo
hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se
inicien dos procesos con el mismo objeto”[12].
Luego de esta primera sentencia, la jurisprudencia del TC ha sido
pacífica, consolidándose toda una línea jurisprudencial, la cual se plasma en
las siguientes resoluciones de este colegiado: N.º 2868-2004-AA/TC (f.j. 3 y f.j.
4[13]),
N.º 4587-2004-AA/TC (f.j. 47, 48 y 67-74), N.º 04228-2005-HC/TC (f.j. 2), Nº
04900-2006-PHC/TC (f.j. 4), N.º 10275-2006-HC/TC (f.j. 2-5) y N.º 2727-02007-HC/TC (f.j. 2 y 3).
Sin embargo, un caso que podemos
señalar como antecedente y que el propio TC en la sentencia en el Caso Julio
Salazar Monroe recoge como precedente, es el Caso Martín Rivas, recaído en el
exp. Nº 04587-2004-AA. Esta sentencia es la que fija por primera vez el
criterio jurisprudencial de excepción del principio de Ne bis in ídem, que luego será retomada y reiterada en el caso materia
de comentario. En dicha sentencia, en el fundamento 75 se señala que “este
Tribunal debe juzgar si, en el caso, la resolución cuestionada, mediante la
cual se declaró la nulidad, a su vez, de las resoluciones que declararon el
sobreseimiento definitivo del proceso penal por los hechos conocidos como
"Barrios Altos", y ordenó que se remitieran los actuados al ámbito de
la jurisdicción ordinaria para que se investigue judicialmente por la comisión
de determinados delitos, amenaza con
violar (o no) el derecho a no ser enjuiciado dos o más veces por un mismo hecho”
(resaltado nuestro).
Para este colegiado, “la garantía
que ofrece este derecho no opera por el sólo hecho de que exista fácticamente
un primer enjuiciamiento en el que se haya dictado una resolución firme que
sobresea la causa, sino que es preciso que ésta se haya dictado en el seno de
un proceso jurídicamente válido” (f.j. 76). Para el TC, y aquí está la clave de
la línea jurisprudencial sentada, lo que debe analizarse es “si en el caso
concreto el primer proceso penal seguido tuvo (o no) el propósito de sustraer
al recurrente de la responsabilidad penal, o no hubiere sido instruido por un
tribunal de justicia que respete las garantías de independencia, competencia e
imparcialidad” (f.j. 77). En tal sentido, a juicio del TC en el caso de Martín
Rivas, “existen numerosos elementos objetivos que demuestran que el juzgamiento
realizado al recurrente por los delitos de lesa humanidad en el caso que se ha
venido en denominar "Barrios Altos", no tuvo el propósito de que
realmente se le investigara y sancionara en forma efectiva” (f.j. 78).
La sentencia del TC en el caso es
importante porque establece los criterios para evaluar si existía materialmente
la voluntad de impunidad antes del proceso judicial, es decir, si estábamos
ante un proceso que solo formalmente cumplía con las garantías exigidas. Los
criterios desarrollados por el TC en esta sentencia que luego serán retomados
en la sentencia Julio Salazar Monroe son:
a. Juzgamiento por tribunales
incompetentes
Lo que cuestiona el TC es que pese
a tratarse de un delito común la realización de ejecuciones extrajudiciales y,
por tanto, perseguible judicialmente en el ámbito de la jurisdicción ordinaria,
el recurrente fue juzgado inicialmente por órganos de la jurisdicción militar,
cuya competencia ratione materiae
está circunscrita al juzgamiento y sanción de los denominados delitos de
función[14].
b. Objetiva voluntad de dejar en
la impunidad las conductas materia de proceso
En segundo lugar, el TC considera
que, en atención a las circunstancias del caso, existen evidencias que el
proceso penal iniciado en el ámbito de la jurisdicción militar tuvo el
propósito de evitar que el recurrente respondiese por los actos que se le
imputan[15].
A juicio del TC, esas circunstancias “se relacionan con la existencia de un
plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad, particularmente de los actos cometidos
por los del Grupo Colina, al cual se vincula al recurrente”[16].
Pero en la sentencia de Martín
Rivas, el TC no se queda ahí sino que va más allá pues señala que expresión de
ese plan sistemático, en efecto, lo constituyen: 1) “El deliberado juzgamiento
de delitos comunes por órganos militares, como antes se ha dicho”[17],
la 2) “La expedición, en ese lapso, de las leyes de amnistía 26479 y 26492. Y si
bien éstas no se aplicaron al primer proceso penal que se le siguiera al
recurrente, tomando en cuenta el contexto en que se dictaron, y el propósito
que las animaba, el Tribunal Constitucional considera que ello demuestra
palmariamente que sí hubo ausencia de una voluntad estatal destinada a
investigar y sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos
cometidos a los responsables de los hechos conocidos como "Barrios
Altos"”[18].
Y finalmente 3) “El retiro (nulo)
de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la
entrega de la Nota N º.
5-9-M/49, de 24 de agosto de 2000, y que fuera aprobada por la también nula
Resolución Legislativa de fecha 8 de julio de 1999. Agrega que “Dicho acto tuvo
el propósito de asegurar que también en el ámbito internacional el Estado no
respondiese por las violaciones de derechos humanos y de esa forma se
garantizase que sus autores no fueran sometidos a la acción de la justicia,
fomentándose la impunidad”[19].
La conclusión del TC es evidente “Tales
elementos objetivos evidencian que el proceso penal militar que originalmente
se siguió contra el recurrente era nulo y, por tanto, que carecía de efectos
jurídicos las resoluciones que en su seno se hubieran dictado, entre ellas, la
que declaró el sobreseimiento de dicho proceso”[20].
En consecuencia “la iniciación de un nuevo proceso penal, esta vez ante los
órganos de la jurisdicción ordinaria, no viola el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho y, por
tanto, el derecho a la cosa juzgada”[21].
Como podemos apreciar, la
sentencia materia de comentario (Julio Salazar Monroe), no innova ni crea nada,
simplemente, reitera y ratifica lo señalado por este Alto Tribunal en el caso
Martín Rivas. No obstante, como veremos a continuación, esta interpretación
tampoco es una creación original de nuestro TC, ella recoge una línea
jurisprudencial desarrollada de manera uniforme por la Corte IDH. Lo que hace en
buena cuenta nuestro TC es acatar una sentencia vinculante de este tribunal
supranacional, en atención a su naturaleza vinculante.
4. La doctrina vinculante de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de Non bis
in ídem
Como señala la Corte
IDH , el
principio del non bis in idem[22]
“busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por
determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos
hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo
14.7, que se refiere al mismo “delito”), la Convención Americana
utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es un término más amplio
en beneficio de la víctima”[23].
Agrega la Corte que “Entre los
elementos que conforman la situación regulada por el artículo 8.4 de la Convención se encuentra
‘la realización de un primer juicio que culmina en una sentencia firme de
carácter absolutorio’[24]”.
Sin embargo, la cosa juzgada y la eficacia que posee el principio Ne bis in ídem plantean problemas para
la revisión de sentencias que han sido expedidas con el solo objetivo de dejar
en la impunidad graves violaciones contra los derechos humanos. Como señala
Sergio Ramírez, “la vigencia
absoluta de la cosa juzgada, definida en términos de Derecho nacional, impediría
de plano el desempeño de la jurisdicción internacional, tanto penal como de
derechos humanos. Ambas son (regularmente) complementarias de la justicia doméstica;
entran en movimiento cuando se han agotado los recursos internos; es decir,
cuando existe cosa juzgada acerca del tema en litigio”[25]. Agrega este autor, que “Estas
consideraciones se pueden trasladar al ámbito, muy importante y delicado, del
sistema penal. ¿Es posible que se tenga en pie una sentencia absolutoria en
beneficio de violadores de derechos humanos? Y en materia de jurisdicción penal
internacional, ¿cómo podría actuar la justicia de esta materia cuando ya lo ha
hecho, con el mismo signo absolutorio, la nacional?”[26].
Para Sergio
Ramírez, “El Estado que acepta la jurisdicción internacional en materia de
derechos humanos o en materia penal debe reconocer las consecuencias de su decisión
soberana y adoptar las medidas (legislativas y de otros órdenes) necesarias para
que esa decisión sirva a sus fines naturales. Hay diversas apreciaciones sobre esta
cuestión, que suscita polémicas. Sin embargo, se ha abierto paso la idea de que
la cosa juzgada no prevalece cuando entra en colisión con una sentencia de órgano
internacional emitida en los términos del convenio o tratado ratificado por el Estado
al que corresponde el tribunal cuyo pronunciamiento adquirió la autoridad de
cosa juzgada”[27].
Esta tesis ha sido
acogida no solo por nuestro ordenamiento tal como se desprende de la lectura de
la sentencia materia de comentario en este artículo sino por otros ordenamientos
jurídicos nacionales. Es el caso de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional
de Colombia del 20 de enero de 2003,
a propósito de una demanda de inconstitucionalidad
relativa a cierto precepto del Código de Procedimiento Penal. Sobre el
particular este Tribunal sostuvo que las “decisiones de (las) instancias internacionales
de derechos humanos, aceptadas formalmente por nuestro país, que constaten un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de
investigar en forma seria e imparcial las violaciones a los derechos humanos y las
infracciones graves al derecho internacional humanitario, permiten igualmente la
acción de revisión contra decisiones absolutorias que hayan hecho formalmente
el tránsito a cosa juzgada”[28].
Será el Caso Barrios Altos en
el año 2001 donde por primera vez se establezca la excepción del principio Ne bis in ídem, en casos donde el primer
proceso y juzgamiento carece de los requisitos y de las condiciones mínimas de
un proceso sustantivo. En efecto, en el caso Caso
Barrios Altos, la Corte IDH
señaló con claridad que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[29].
Esta jurisprudencia será retomada
en otros casos[30].
Esta jurisprudencia será retomada y ampliada en la sentencia
expedida por la Corte IDH
en el Caso la Cantuta[31].
En dicha oportunidad, este alto tribunal señaló en relación con algunos
procesos seguidos en el fuero militar contra altos mando militares
comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos que “de alguna
manera lo actuado en el fuero militar ha continuado obstaculizando la
investigación y eventual enjuiciamiento y sanción de todos los responsables en
el fuero común”.
En efecto, la
Corte IDHla Corte IDH
que una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa
juzgada “aparente” o “fraudulenta”.
Luego la Corte en el Caso La Cantuta señala en el párrafo 226, que “el Estado no
podrá volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no generarán efectos
en el futuro (…) ni podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley
penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem (…,) o cualquier
excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar
y sancionar a los responsables”.
Una vez que ha quedado claro
que el Ne bis in ídem no es un
principio absoluto, sino que debe ser interpretado de conformidad y en
consonancia con otros derechos y otros principios vigente en el derecho
internacional de los derechos humanos (como por ejemplo, las obligaciones de
los Estados en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los
responsables de las graves violaciones de los derechos humanos) y en los
ordenamientos jurídicos nacionales (en materia constitucional y penal por
ejemplo), es necesario dar un paso más y analizar acerca de los criterios a
tener en cuenta para evaluar en que casos el principio Ne bis in ídem, debe ceder para dar paso a otros principios y
obligaciones de los Estados.
Será en la sentencia de la Corte IDH recaída en el Caso Almonacid Arellano, donde este alto
tribunal absuelve esta inquietud en relación con el principio del Ne bis in ídem. En ella se precisa que:
“En lo que toca al principio Ne bis in ídem,
aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana ,
no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la
actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al
responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional
obedeció al propósito de sustraer al
acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o
imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al
responsable a la acción de la justicia . Una sentencia pronunciada en las
circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”[33]
(resaltado nuestro).
La jurisprudencia de la
Corte IDH
5.
El “deber de justicia interna”
Vimos como el principio del Ne bis in ídem no es absoluto, debe ser
compaginado y compatibilizado con la obligación del Estado de proteger,
respetar y garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos. En relación
con esto último, la doctrina de la
Corte IDH habla de un deber de justicia interna en relación
con los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, la
jurisprudencia de la Corte
IDH es uniforme en el reconocimiento del deber de
investigación, persecución y enjuiciamiento de quienes incurren en violación de
los derechos humanos. Pero no solo la Corte IDH , como señala Viviana Kristicevic, tanto las decisiones
del sistema como los tratados interamericanos mas modernos hacen énfasis en la
necesidad de investigar los hechos y castigar a los culpables[34].
Señala Sergio Ramírez que “corresponde
al Estado, pues, lo que he denominado, en sentido lato, obligación de justicia
penal, o mejor todavía, justicia interna, tomando en cuenta las diversas
proyecciones que pudiera asumir ese deber. Desde luego, esta persecución de la
conducta ilícita de ciertas personas -cuyo comportamiento es atribuible al
Estado, habida cuenta de la relación formal o informal que guardan con éste-,
que son responsables a título personal de aquello que se ha imputado al Estado
en el juicio internacional, no se contrae necesariamente a la materia penal. El
ilícito puede revestir otra naturaleza -concurrente o no con la penal- y
arrojar otras consecuencias -asimismo concurrentes o no con las penales, salvo
lo que resulte del principio ne bis in ídem-, como se ha manifestado en algún
caso ante la Corte ,
y por ello tal vez convendría referirse, más ampliamente, a un “deber de
justicia interna” [35].
Esta obligación ha sido
establecida por la Corte IDH
desde sus primeras sentencias. En tal sentido, una decisión del Estado que pretenda dejar en la
impunidad crímenes contra los derechos humanos, desconoce cuales son las
obligaciones esenciales de los Estados en materia de derechos humanos. Esta
obligación quedo clara desde el inicio en el conocido Caso Velásquez Rodríguez. En aquella oportunidad este Tribunal
estableció que “…los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos
humanos” (párrafo 166).
Sin embargo, la Corte IDH ha ido más
lejos. En la sentencia en el Caso de la Cantuta en relación
con las obligaciones de los Estados en materia de graves violaciones a los
derechos humanos, exige que “en cumplimiento de su obligación de investigar y
en su caso sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover
todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y
utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y
los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan graves
como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de
derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su
caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos de la Cantuta ” (párrafo 226).
Incluso, la propia CorteIDH en el Caso Goiburú ha reconocido que el acceso
a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
tiene naturaleza de norma ius cogens:
“El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho
Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de
adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas
violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno
y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los
responsables…”(párrafo 131).
En estos contextos y teniendo en cuenta todas estas premisas, la
persecución penal constituye el corolario de la obligación de garantía de los
derechos y como medida de reparación de las infracciones a las obligaciones
internacionales del Estado[36].
No obstante ello, el principio de Ne bis
in ídem ha sido utilizado como una mecanismo por parte de los autores de
crímenes contra los derechos humanos para eludir su responsabilidad penal.
Para nadie es una sorpresa que el debate sobre el Ne bis in ídem está parcialmente vinculado a la polémica de las
amnistías, en la medida en que algunas personas que fueron beneficiadas con
leyes de este tipo cuestionan la posibilidad de ser vinculadas penalmente una
vez que se les otorga el beneficio. Este tema –como señala Kristicevic- está
vinculado a otro importante tópico estrechamente relacionado con la capacidad
de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos como por
ejemplo, la absolución de perpetradores por la justicia militar o a través de
juicios manipulados en la justicia
ordinaria[37].
Ciertamente no se trata de desconocer el sentido y la vigencia del
principio del Ne bis in ídem. Su
objetivo es claro, es una garantía que forma parte del derecho a la tutela
judicial efectiva que tiene como objetivo, limitar en el tiempo el poder
punitivo del Estado en forma indefinida sobre un mismo hecho. Esto implica
reconocer que la aplicación y la vigencia efectiva de este principio, exige la
observancia de un conjunto de requisitos: “la existencia de una decisión
jurisdiccional, que se haya tomado una determinación sobre la culpabilidad o
inocencia y que los hechos sean sustancialmente los mismos”[38].
En coherencia con esto, la
Corte IDH excluye del alcance del principio del Ne bis in ídem a las determinaciones de
la justicia militar en la medida en que
no constitituyen una decisión jurisdiccional, requisito y condición fundamental
para que se aplique este principio[39].
En el caso de la sentencia materia de comentario, se trata de
resoluciones expedidas por tribunales militares que carecen de competencia para
conocer estos tipos de procesos que nada tiene que ver con los delitos de
función. Esto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte IDH. En efecto,
en el Caso Cantoral Benavides v. Perú[40]
por ejemplo en relación con la idoneidad
de la justicia militar la
Corte IDH señala que: “Estima la Corte que los tribunales
militares del Estado que han juzgado a la presunta víctima por el delito de
traición a la patria no satisfacen los requerimientos de independencia e
imparcialidad establecidos en el artículo 8.1 de la Convención. La
Corte considera que en un caso como el presente, la imparcialidad del juzgador
resulta afectada por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la doble función
de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a
los miembros de dichos grupos (fundamento 114)”. Luego agrega que “la
aplicación de la justicia penal militar a civiles infringe las disposiciones
relativas al juez competente, independiente e imparcial (artículo 8.1 de la Convención Americana ). Eso es suficiente para determinar que las
diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las autoridades del fuero
privativo militar en relación con Luis Alberto Cantoral Benavides, no
configuran el tipo de proceso que correspondería a los presupuestos del
artículo 8.4 de la
Convención ”. (fundamento 138).
Siguiendo a Kristicevic, y en consonancia con el artículo 8.4 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, “una decisión que no se pronuncia sobre la culpabilidad o
inocencia del acusado permite el juzgamiento ya que si el procesado no tiene
una sentencia absolutoria no se beneficiaria del instituto” [41].
Agrega esta autora que de este modo se deja abierta la posibilidad de o
perseguir penalmente a las personas que se beneficiaron de un sobreseimiento
provisorio.
Finalmente la Corte
IDH también ha expedido sentencia en dos casos significativos
en los cuales arroja luz sobre la forma como debemos de interpretar el
principio del Ne bis in ídem a nivel
de la judicatura local interna. El primer caso es la sentencia recaída en el
caso de Carpio Nicolle v. Guatemala[42].
En ella la Corte IDH
precisa que: “El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia
internacionales ha permitido el examen
de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no
se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron
con independencia e imparcialidad”[43].
Agrega que “Ha quedado plenamente demostrado […] que el juicio del presente
caso, ante los tribunales nacionales, estuvo contaminado por tales graves
vicios. Por tanto, no podría invocar el
Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias
emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención
Americana”[44].
Este criterio es reiterado en la sentencia expedida en el Caso Gutiérrez V. Colombia, en cuya
oportunidad señala que “Este Tribunal ya se ha referido a la llamada “cosa
juzgada fraudulenta”, que resulta de un juicio en el que no se han respetado
las reglas del debido proceso. A la luz del reconocimiento de responsabilidad
de Colombia y los hechos probados, se desprende que los procesos del presente
caso, ante los tribunales nacionales, estuvieron contaminados por tales
vicios. Por tanto, no podría invocar el
Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las
sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana ,
porque no hacen tránsito a cosa juzgada decisiones judiciales originadas en
tales hechos internacionalmente ilícitos”[45].
Como podemos apreciar, la jurisprudencia de la
Corte IDH
7.
La ratio decidendi de la sentencia en el caso
de Julio Salazar Monroe
Es en este marco en el que debemos analizar la sentencia en el caso
Julio Salazar Monroe. Como dijimos al inicio, lo que hace el TC es tomar
prestado un razonamiento de la Corte IDHla
Corte IDH
En efecto, las sentencias de la Corte IDH tienen naturaleza vinculante, incluso
aún cuando el Estado no haya sido parte en dichos procesos contenciosos. Esta
obligación fluye del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional[46],
pero fundamentalmente de la propia jurisprudencia consolidada del propio TC:
“En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en el
presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible
para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos
jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta
vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la
ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya
sido parte en el proceso”[47].
El TC en consonancia con lo manifestado en el Caso Martín Rivas, antes analizado,
precisa que “la garantía que ofrece este derecho [se refiere al Ne bis in ídem] no opera por el solo
hecho de que exista fácticamente un primer enjuiciamiento en el que se haya
dictado una resolución firme que sobresea la causa, sino que es preciso que
ésta se haya dictado en el seno de un proceso jurídicamente válido” [48].
Agrega que “La determinación de si el primer proceso seguido al recurrente (y,
por tanto, de las resoluciones que en su seno se hayan podido expedir) es
jurídicamente válido, debe efectuarse conforme a los criterios establecidos en
esta sentencia. Es decir, tras analizarse si en el caso concreto el primer
proceso penal seguido tuvo (o no) el propósito de sustraer al recurrente de la
responsabilidad penal, o no hubiere sido instruido por un tribunal de justicia
que respete las garantías de independencia, competencia e imparcialidad”[49].
Acto seguido, el TC analiza los elementos objetivos que demuestran que
el juzgamiento realizado al recurrente no tuvo el propósito de que realmente se
le investigara y sancionara en forma efectiva. Para ello invoca los mismos
argumentos utilizados en el caso Martín Rivas[50].
Finalmente, todos estos argumentos le llevan al TC a sostener que “el
proceso penal militar que originalmente se siguió contra el recurrente era nulo
y, por tanto, que carecían de efectos jurídicos las resoluciones que en su seno
se hubieran dictado, entre ellas, la que declaró el sobreseimiento de dicho
proceso”[51]. Agrega
por último que “en la medida que dicha resolución de sobreseimiento carece de
efectos jurídicos, el Tribunal Constitucional considera que la iniciación de un
nuevo proceso penal, esta vez ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, no
viola el contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser enjuiciado
dos veces por el mismo hecho y, por tanto, el derecho a la cosa juzgada, tal
como fue establecido en el caso Martin Rivas, […] dado que las resoluciones
judiciales nulas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada
constitucional”[52].
8.
Palabras finales
Sin lugar a dudas esta sentencia es una buena noticia para el Estado
Constitucional de Derecho y para los derechos humanos y para todo esfuerzo
orientado a sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes y graves
violaciones a los derechos humanos. Lo positivo -insistimos- no esta en la
construcción jurídica ni en la argumentación. Ella por decirlo de alguna manera
ya estaba hecha, y desarrollada por el TC y por la propia doctrina de la Corte IDH como ha
quedado claro. Lo positivo está en que esta sentencia es expedida en una
coyuntura donde la judicialización de casos de violaciones a los derechos
humanos, viene siendo cuestionada y atacada, a propósito del V aniversario de
la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Ciertamente, tampoco pensamos que podía ser de otra manera. La propia
razón de ser del TC es proteger derechos. No en vano el artículo II del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional señala que “Son fines esenciales
de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales”, y tampoco no es casual que
el artículo 44 de la
Constitución que señala que es deber primordial del Estado
“garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” y que el artículo 1 de
la misma Carta Política, que señala que “La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Lo único que ha hecho el TC es cumplir con su misión constitucional, y
ser coherente consigo mismo. Como señaló en la famosa sentencia que creó el
derecho a la verdad, “La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada o la
tortura, son hechos crueles, atroces, y constituyen graves violaciones a los
Derechos Humanos, por lo que no pueden quedar impunes; es decir, los autores
materiales, así como los cómplices de conductas constitutivas de violación de
derechos humanos, no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus
actos”[53].
[1] Ver Revista Caretas Nº 2040, de fecha 14 de
agosto del año 2008.
[2] Ver nuestro artículo titulado “El desafío del
TC en el caso El Frontón” publicado en el Boletín electrónico semanal
“Informando Justicia” de fecha 14 de agosto del 2008. Puede ser revisado en la Web del Consorcio Justicia
Viva en: http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2008/agosto/14/desafio.htm
.
[4] Ver la parte de antecedentes de la sentencia
del TC recaída en el exp. Nº 03938-2007-PA/TC, este alto tribunal precisa que:
En relación con el proceso constitucional de amparo, la sentencia refiere que
este fue declarado infundado en primera y segunda instancia. En primera
instancia el juez señaló que “en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; lo que en modo alguno constituye vulneración al derecho
constitucional de debido proceso y al principio de Ne bis in ídem”. En segunda
instancia, la Sexta Sala
Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda,
por considerar que “es obligación del Estado de investigar los hechos y
sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados
en la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la
nulidad de aquellos procesos donde se hubiese aplicado las leyes de
amnistía…sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y
sanción…entre las que se encuentran las resoluciones de sobreseimiento
definitivo”, en lo referido a la
presunta vulneración al principio Ne bis in ídem adujo que “es ajeno a los
intereses jurídicamente protegidos…que se pretenda oponer una Resolución
manifiestamente nula…tras constatar que se realizó por autoridad jurisdiccional
incompetente”.
[5] También conocido como principio del Non bis in
ídem.
[6] Luis Marcelo Bernardis. La Garantía Procesal
del debido proceso. Biblioteca Universitaria de Derecho Procesal. Cultural
Editores S.A. Lima. 1995. Pág. 412.
[7] César Landa. Derecho Fundamental al Debido
Proceso y a la Tutela
jurisdiccional. En: Pensamiento Constitucional Nº 8, año VIII. PUCP-MDC,
Lima, 2001, pág. 446.
[8] Ver Sentencia 08123-2005-HC/TC, f.j. 6,
“Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a
los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es
decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al
derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al
debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos
fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales
exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos
subjetivos. El debido proceso tiene a su
vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal,
los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades
estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento
preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se
relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”.
[9] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en
el exp. N.° 763-2005-PA/TC, f.j. 6.
[10] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 03938-2007-PA/TC,
caso Julio Rolando Salazar Monroe, f.j. 15.
[11] Sentencia del TC recaída en el exp. N°
2050-2002-AA/TC, f.j. 19. En dicha resolución se agrega que “El principio del
Ne bis in ídem material tiene conexión con los principios de legalidad y
proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone
el artículo 2°, inciso 24, ordinal d), de la Constitución obedece,
entre otros motivos, —como lo ha expresado este Tribunal en el Caso Encuestas a
Boca de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur. N°. 6)— a la necesidad de
garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la
reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un
hecho antijurídico, tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo
hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que
comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica. Por ello,
el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define el
sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo
hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es,
en la lesión de en un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido”.
[12] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº
2050-2002-AA/TC, f.j. 19.
[13] En el fundamento 4 de la misma, se sostiene
que este principio tiene dos dimensiones, una procesal y otra material, a través de las cuales se prohíbe que, por
los mismos hechos, una persona sea juzgada dos veces, en el primer caso, y, en
el segundo caso, que sea sancionada dos veces. Esta última dimensión se
relaciona con los principios de legalidad y proporcionalidad, pues éstos tienen
por objeto que la persona conozca anticipadamente las conductas antijurídicas,
propósito que se hace efectivo si es que las personas no pueden ser procesadas
o condenadas por los mismos hechos y fundamentos jurídicos. Luego en el
fundamento 3 se precisa que este principio está implícito en el derecho al debido proceso. Su contenido implica que
nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por los mismos hechos.
[15] Ibídem f.j. 81.
[16] Ibídem.
[17] Ibídem f.j. 82.
[18] Ibídem f.j. 83.
[19] Ibídem f.j. 85.
[20] Ibídem, f.j. 86.
[21] Ibídem, f.j. 87.
[22] Domingo E. Acevedo, La decisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre enjuiciamiento
penal múltiple (non bis in idem) en el caso Loayza Tamayo, en: Héctor
Fix-Zamudio, Liber Amicorum, Volumen I, San José de Costa Rica, 1998, págs. 279
y sgts.
[23] Caso Loayza Tamayo, (...), párr. 66. Citado
por Corte Interamericana de Derechos Humanos, Criterios de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (1979-2004) en: La Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Un cuarto de siglo 1979-2004, San José de Costa Rica,
2005, págs. 955-956.
[24] Caso
Lori Berenson Mejía, párr. 202; y Caso
Cantoral Benavides, párr. 137.
[25] Sergio García Ramírez, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de reparaciones, en: Corte IDH, La Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Un cuarto de siglo 1979-2004, San José de Costa Rica,
2005, pág. 71.
[26] Ibídem.
[27] Ibídem.
[28] Ibídem.
[30] Tenemos entre otros: Caso Almonacid Arellano y
otros, nota 6, párrafo 154; Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre
de 2005. Serie C No. 132, párrafo 98, y Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia
de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párrafo 131.
[31] Corte IDH, Caso
La Cantuta Vs.
Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas),
párrafo 150.
[32] Ver Caso Almonacid Arellano y otros, nota 6,
párrafo. 153.
[33] Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs.
Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas), párrafo 154.
[34] Viviana Kristicevic, Reflexiones sobre la
ejecución de las decisiones del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, en: Implementación de las decisiones del sistema
interamericano de derechos humanos, Jurisprudencia, normativa y experiencias
nacionales”, CEJIL, San José de Costa Rica, 2007, pág. 51.
[35] Sergio García Ramírez, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de reparaciones, en: Corte IDH, La Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Un cuarto de siglo 1979-2004, San José de Costa Rica,
2005, pág. 74.
[36] Viviana Kristicevic, Reflexiones sobre la
ejecución de las decisiones del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, en: Implementación de las decisiones del sistema
interamericano de derechos humanos, Jurisprudencia, normativa y experiencias
nacionales”, CEJIL, San José de Costa Rica, 2007, Ibídem, pág. 52.
[37] Ibídem, pág. 58.
[38] Documento de CEJIL y la Universidad de Yale
“Excepciones a la aplicabilidad del principio de non bis in ídem desde una
perspectiva de derecho internacional, mimeo de archivos de CEJIL (2002), citados
por Implementación de las decisiones del sistema interamericano de derechos
humanos…, pág. 58.
[39] Ibidem.
[40] Corte IDH, Caso
Cantoral Benavides Vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000 (Fondo).
[41] Kristicevic, op. cit., pág. 59.
[42] Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs.
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004.
Serie C No. 117, párrafo 131.
[43] Ibídem.
[44] Ibídem, párrafo 132.
[45] Corte IDH. Caso Gutiérrez
Soler Vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132,
párrafo 98.
[46] Artículo V.- Interpretación de los Derechos
Constitucionales
El contenido y alcances de los derechos
constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código
deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
[47] Sentencia del Tc recaída en el exp. Nº
00007-2007-PI/TC, Caso Colegio de Abogados del Callao c. Congreso de la República demandado,
f.j. 36.
[48] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº
03938-2007-PA/TC, f.j. 44.
[49] Ibídem.
[50] Ibídem f.j. 46.
[51] Ibídem, f.j. 53.
[52] Ibídem.
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